Vodafone España presiona a Telefónica en el segmento de las administraciones públicas, un ámbito que ha encabezado siempre el antiguo incumbente. La operadora ha sido adjudicataria del denominado Lote 2 de Comunicaciones Móviles en la segunda fase del concurso público para la Contratación de los Servicios Consolidados de Telecomunicaciones de la Administración General del Estado y Otras Entidades Públicas.

En un comunicado, Vodafone afirma que se convierte así en el proveedor de voz y datos móviles en 85 organismos de la Administración Central durante los próximos 42 meses, con posibilidad de 18 meses adicionales de prórroga. En total, prestará servicios a 38.500 líneas públicas, suministrará 34.000 dispositivos y ofrecerá gestión integral de la movilidad corporativa. El lote tiene un valor de 10,35 millones de euros.

La teleco señala que esta licitación es una de las mayores del sector público en el ámbito de las telecomunicaciones y se enmarca dentro de la estrategia del sistema estatal de contratación centralizada impulsada por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para mejorar la eficiencia y eficacia de la actividad pública.

De igual forma, Vodafone precisa que llevará de esta manera el potencial del 5G a la Administración Pública, al ser el único operador que ofrece esta tecnología en España. “El informe de valoración de la oferta presentada por Vodafone destacó su alto rigor técnico y la calidad de los servicios ofertados, así como la consideración de la red móvil de la operadora como la mejor del territorio español”, dice Vodafone.

La compañía indica que esta adjudicación afianza su presencia en el sector de la Administración Pública y se suma a otros grandes concursos ganados en los últimos meses, entre los que se encuentran el Ministerio de Defensa, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Murcia, el Tribunal Constitucional, la Diputación de Barcelona o el Ayuntamiento de Madrid.

Daniel Jiménez, director de la Unidad de Empresas de Vodafone España, destaca este hito como “un importante paso para abrir de forma definitiva las puertas de la Administración Central a otras operadoras de telecomunicaciones, logrando así una competencia real que valore la calidad de los servicios ofertados y que mejore la eficiencia de la actividad pública”.

Fuente: Cinco Días