Cuando el poderoso exbanquero Francisco González se siente este lunes ante el juez podrá recordar las palabras que repetía los días antes de abandonar la presidencia del BBVA: «¿Amigos en este negocio? Ninguno». «Un banquero no puede tener amigos», insistía el pasado diciembre en una conversación con El País Semanal, salpicado ya entonces por el caso que ahora lo lleva hasta la Audiencia Nacional, donde el magistrado Manuel García-Castellón lo ha citado para declarar como imputado por los pagos al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien la entidad financiera ordenó supuestamente espiar a líderes políticos y empresariales desde 2004, cuando la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del grupo bancario. Según repiten en su entorno, González acudirá a la sede judicial dispuesto a responder a todas las preguntas del instructor y de los fiscales. Sin cortapisas, dicen.

«No se acogerá a su derecho a no declarar, pese a que lo podía hacer porque el sumario es secreto y no se sabe de qué se le acusa», destacan fuentes jurídicas sobre un interrogatorio que abre una semana clave para el avance de la causa. Además del ex número uno del BBVA, por la Audiencia también desfilarán Juan Asúa, otra ficha clave —el exresponsable de la entidad en España y Portugal, además de actual asesor del presidente Carlos Torres, coordinó la investigación interna para analizar la dimensión del caso Villarejo—; Eduardo Arbizu, exresponsable legal; Manuel Castro, exjefe de riesgos; Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos; y José Manuel García Crespo, también del equipo legal. A ellos se sumarán el expolicía Antonio Bonilla; y Javier Ayuso, exresponsable de Comunicación del BBVA hasta 2009 y experiodista de EL PAÍS, que acude en calidad de testigo.

Algunas de las preguntas principales que sobrevuelan la investigación están claras: ¿Quién sabía de la existencia de Villarejo y sus contratos con el banco? ¿Hasta dónde se extendían sus tentáculos dentro de la entidad? Para tratar de responderlas, el BBVA abrió una investigación interna en época de González que acabó sin conclusiones. Con la llegada de Torres al cargo, se reorientaron las pesquisas y sus descubrimientos se enviaron a la Audiencia Nacional, donde se añaden a un macrosumario que, de momento, ya ha determinado la existencia de «un entramado criminal» entorno a las empresas del Grupo Cenyt, encabezado por el comisario jubilado.

MÁS INFORMACIÓN

En palabras del propio juez, Villarejo había diseñado una «estructura paraestatal» que se aprovechaba de sus contactos para acceder a información confidencial restringida a las fuerzas de seguridad y, posteriormente, «traficar» con ella vendiéndola a terceros. «Instrumentalizó de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes», subraya el magistrado García-Castellón en uno de sus últimos autos, donde recuerda que la red empresarial percibió «cantidades millonarias por cada uno de su proyectos».

El caso BBVA estalló el 24 de mayo de 2018. Ese día, Público sacó a la luz las primeras facturas que recogían pagos del banco a una empresa de Villarejo por importe de 242.000 euros para supuestamente descubrir tramas oscuras de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, acusado de extorsionar a la entidad financiera. A partir de entonces, el escándalo fue en aumento. González anunció por sorpresa en septiembre del pasado año que adelantaba su marcha al 31 de diciembre y, apenas unos días después, el 9 de enero de 2019, la web Moncloa.com y El Confidencial publicaron que el BBVA había ordenado 4.000 pinchazos a empresarios, políticos y periodistas. Aparecen, además, supuestas grabaciones del exjefe de Seguridad del banco hablando con Villarejo sobre la presión de Francisco González para obtener los datos.

«Ese tema para mí no tiene relevancia», afirmaba González en diciembre: «No tuve conocimiento de esos pagos. Me entero cuando aparece la primera noticia. Yo sabía que el banco llevaba a cabo trabajos de inteligencia para defenderse. Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas». En total, según los investigadores, se sigue la pista a una relación con el comisario que se prolongó durante 13 años y que costó al banco más de 11 millones de euros. ¿Quién lo sabía?, se preguntan en una entidad que también está imputada como persona jurídica y que este miércoles declarará en la Audiencia Nacional. Lo hará, en nombre de la compañía, el director de sus servicios jurídicos, Adolfo Fraguas, que desvelará así cuán próxima se encuentra la línea del actual presidente de la de su antecesor en el cargo.

Anticorrupción atribuye al BBVA presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. En cambio, solo cohecho y revelación de secretos a Francisco González, aupado por el PP en la década de los noventa y uno de los banqueros más poderosos de los últimos años, al que se le ha llegado a conocer popularmente por las siglas FG. Una persona que este lunes podrá poner en práctica sus propias palabras: «¿Amigos en este negocio? Ninguno. En el momento en que los tienes empiezas a perder tu independencia».

Fuente: El País