Oficina de Banco Popular ya desaparecido
Oficina de Banco Popular ya desaparecido

El ex presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha anunciado que recurrirá la sentencia dictada por la jueza María del Rocío Montes Rosado, del juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, por la demanda de Banco Santander sobre su jubilación como presidente de Banco Popula. El exbanquero mantiene que los fondos de su jubilación se encontraban recogidos en el art. 27 de los estatutos del desaparecido Banco Popular, por el que se ha regido el retiro de sus empleados desde el año 1979. 

Sus abogados argumentan que la sentencia conocida hoy por la que Ron debe devolver el dinero de su jubilación «resulta contraria a los Estatutos del banco, a la política de remuneraciones existente, sometida a los Acuerdos del Consejo y de la Junta General de Accionistas, que aprobaron dicha retribución y estuvo vigente desde 1979 hasta la llegada del sucesor de Ángel Ron». 

El fundamento de la estimación es la calificación como retribución variable de la pensión que le reconocen los estatutos, a pesar de que el banco siempre le dio la consideración de fija y así figuraba en su contrato. Aplica la sentencia, con carácter retroactivo, una norma que no había entrado en vigor, tal como reconocen los informes técnicos que cita y fueron ratificados en sede judicial, explican los abogados de Ron en un comunicado. 

Los letrados mantienen, además, que la sentencia «carece  de justificación de cumplimiento de los requisitos para aplicación del claw back, que exige la propia norma, según informes de expertos que aportó a los autos Ángel Ron y que no han sido tenidos en cuenta, basando la juzgadora su consideración, en muchos aspectos contradictoria, en interpretaciones carentes de fundamento jurídico. 

«La sentencia afirma que no se juzga la gestión de Ángel. Ron, sino que atiende al hecho objetivo de la resolución. Sin embargo, desoye e ignora la existencia de controversias y procedimientos en diversos tribunales y jurisdicciones, tanto sobre las causas de la resolución el Banco Popular, como sobre su valoración en 1 euro, algunas de ellas acreditadas por múltiples documentos y testigos, que fueron aportados a la causa y que señalan como hecho determinante la pérdida de liquidez, producida en el segundo trimestre del años 2017, bajo la presidencia de Emilio Saracho». 

Ron se queja, además, de que «no ha tenido la oportunidad de declarar en esta causa, ni tampoco en los 2 años y medio transcurridos desde la resolución del banco, en las diligencias que hay en la Audiencia Nacional, por lo que sigue a la espera de poder hacerlo en las fechas por fin señaladas. Será en este ámbito donde exponga lo que sea procedente exponer».

Fuente: Cinco Días