Sancionada una inspectora de Hacienda a cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo por burlar el sistema de control horario. Así lo determina la Audiencia Nacional en una sentencia (accede aquí al texto íntegro) en la que califica la conducta de «especialmente reprobable», teniendo en cuenta las responsabilidades que se derivan de su puesto.

Los hechos probados recogen que, en varias ocasiones, la inspectora forzó el torno de entrada, que sirve como medio de control de la jornada de los empleados. Además, como así lo registraron las cámaras de vigilancia instaladas, la ahora inhabilitada también solía usar una tarjeta distinta de la suya y accionaba el torno, simulando la entrada de un trabajador. Después, utilizaba la propia para pasar.

Para la Audiencia, esta conducta tiene un «indudable» carácter doloso, cuya intención es la de eludir el sistema de registro y ayudar a otros funcionarios a simular su entrada a una hora distinta de la real. Asimismo, los magistrados avalan la reiteración en la conducta sancionada y rechazan que se trate, como así lo argumentó la infractora, de un «incumplimiento puntual».

Imagen del funcionario

Para la Sala, la conducta de la inspecto causó un perjuicio «notable» a la Administración, ya que puso en duda la fiabilidad de los datos de control horario. Además, obliga a la entidad a proyectar sistemas más sofisticados que no puedan ser burlados mediante «conductas que razonablemente no cabía esperar de funcionarios». En este sentido, la Sala incide en que este tipo de comportamientos deterioran la imagen que la ciudadanía tiene de los empleados públicos y «contribuyen a perjudicar la reputación de la Administración».

El hecho de que este cuerpo ostente plazas vitalicias «viene siendo percibida por la sociedad como una situación de privilegio», explican los magistrados. Esta sensación se acentúa en las épocas de crisis, donde muchas personas no tienen un trabajo ni pueden allegar medios para la subsistencia de sus familias.

No obstante, el tribunal estima en parte el recurso que interpuso la inspectora contra la sentencia de instancia y reconoce «la inexistencia de anotaciones desfavorables en el expediente personal de la funcionaria». Por ello, rebaja la sanción inicial (ocho meses de suspensión de empleo y sueldo) a cuatro.

 Si quieres estar al día de todas las novedades sobre derechos digitales en el trabajo, pincha aquí.

Fuente: Cinco Dias.